Cambiar de nube en 2027: qué puede seguir cobrándose cuando desaparezca la tasa de salida

Si una empresa cambia de proveedor de nube, desde el 12 de enero de 2027 el proveedor de origen ya no podrá cobrarle costes por el proceso de cambio en los servicios sujetos a esa obligación. Una empresa que mantiene dos nubes a la vez para trabajar con ambas se encuentra en otra situación: la salida de datos para ese uso paralelo puede cobrarse hasta el coste soportado. Esta distinción entre los artículos 29 y 34 del Reglamento de Datos cambia cómo se lee una factura. También explica por qué prometer que «en enero todo el tráfico de la nube será gratis» llevaría a preparar un presupuesto equivocado.

Hay una novedad documental que permite adelantarse al cambio. La Recomendación (UE) 2026/2394, de 29 de octubre y publicada en el Diario Oficial el 6 de noviembre de 2026, incluye un anexo VI dedicado al cambio y la salida. Contiene cláusulas estándar no vinculantes para negociar los contratos. La recomendación no crea la prohibición ni obliga a copiar su modelo: la fecha y la obligación proceden del reglamento. Su valor práctico consiste en traducir a un plan contractual cuestiones como los datos que se podrán extraer, el calendario, la colaboración y los costes que se separan del cambio.

Qué se está cambiando exactamente

El reglamento se ocupa de los servicios de tratamiento de datos proporcionados a clientes en la Unión. La Comisión Europea incluye la computación en la nube y en el borde de la red. Cambiar puede consistir en transferirse a otro proveedor que ofrece el mismo tipo de servicio o en trasladarse a una infraestructura propia. La obligación no transforma cualquier compraventa digital, suscripción editorial o tarea de consultoría en un servicio de nube. Conviene identificar en el contrato qué servicio se adquiere, cuál se abandona y qué datos o activos digitales han de salir.

Imaginemos una empresa que conserva facturas y archivos de clientes en una plataforma. Puede querer tres cosas diferentes: llevar todos los datos a otra plataforma y terminar la primera, mantener ambas y replicar cierta información entre ellas o descargar una copia mientras sigue usando el servicio como antes. Las tres actividades pueden enviar exactamente los mismos bytes por la red. Sin embargo, el concepto facturado depende de la operación. Es importante decir por escrito cuál se está solicitando. Si solo se escribe «exportar» al soporte, el proveedor puede no saber si debe iniciar un procedimiento de salida, facilitar una descarga puntual o habilitar una conexión operativa continuada.

Dos fechas, dos límites y una excepción al titular

Según el artículo 29, durante la transición previa al 12 de enero de 2027 el coste reducido repercutido al cliente no puede superar el coste soportado por el proveedor que guarde relación directa con el proceso de cambio. Esto es distinto de cobrar cualquier tarifa comercial de salida que ya figure en un catálogo. Desde el día 12 el artículo 29.1 elimina el cargo por ese proceso. La autoridad neerlandesa ACM también distingue ambos momentos en su guía para proveedores. A fecha de esta explicación, el 7 de noviembre de 2026, el segundo todavía no ha llegado.

El artículo 34.2 conserva una regla propia para el uso paralelo. En ese caso el proveedor puede repercutir los costes de salida de datos que efectivamente soporte, sin excederlos. La diferencia es material. Pensemos en dos servicios que comparten cada noche registros para producir informes. Si siguen contratados y operan en paralelo, enero no convierte automáticamente las transferencias nocturnas en gratuitas. Si más adelante se inicia una migración de salida, habrá que identificar qué tráfico pertenece a ese proceso y qué parte sigue respondiendo a la operación ordinaria. Hablar de egress en la factura describe una dirección del tráfico; por sí solo no resuelve su tratamiento jurídico.

El plan de salida necesita tres relojes

El artículo 25 no se limita a pedir un botón de exportación. Exige que los derechos del cliente y las obligaciones del proveedor consten claramente en un contrato escrito, puesto a disposición antes de la firma. Uno de los plazos es el preaviso máximo para iniciar el cambio, que no puede exceder de dos meses. Otro es el periodo transitorio obligatorio máximo de treinta días naturales tras ese preaviso, con reglas especiales si es técnicamente inviable. El tercero es el periodo mínimo de extracción de datos de al menos treinta días naturales después de que expire la transición acordada. Los dos plazos de treinta días se refieren a etapas diferentes y no deben confundirse en una orden de borrado.

Si el periodo transitorio ordinario no es técnicamente viable, el proveedor debe notificarlo dentro de los catorce días hábiles desde la solicitud, justificarlo y señalar un periodo alternativo que no exceda de siete meses. El cliente también tiene el derecho previsto en el artículo 25.5 a prorrogar una vez el periodo transitorio por el que considere más adecuado para sus fines. Por eso no basta con imprimir «migración completada en treinta días». Hay un preaviso, puede haber una excepción motivada y el cliente necesita tiempo para extraer y validar. El proveedor de destino y el de origen deben cooperar de buena fe según el artículo 27.

Para una operación pequeña puede prepararse una tabla de tres filas: aviso enviado y recibido, transferencia técnica y periodo de extracción. Al lado se anotan responsables y documentos que acrediten cada hito. Una exportación de prueba de diez registros permite descubrir si faltan campos; no demuestra que todos los objetos del inventario vayan a trasladarse bien. Un cambio no debería darse por cerrado solo porque el panel del proveedor muestre una barra al cien por cien. La comprobación útil cuenta archivos, registros, relaciones y permisos que realmente necesita la empresa antes de aceptar el cierre del servicio antiguo.

Separar el precio de la salida del coste del proyecto

Un presupuesto hipotético lo hace visible. Supongamos que un proveedor presupuesta 80 euros como coste por cambio, que el destino factura 45 euros de servicio ordinario y que una técnica externa dedica seis horas a 40 euros para reconstruir una integración. Son cifras inventadas para el cálculo, no precios de mercado. Si la primera partida es efectivamente un cargo por un cambio sujeto al artículo 29.1 y el proceso corresponde al régimen a partir del 12 de enero, ese concepto no puede cobrarse. Pero la operación sigue teniendo los 45 euros del destino y 6 × 40 = 240 euros de trabajo externo. El resultado del ejemplo son 285 euros, no cero. Si la factura mezcla conceptos, no se debe deducir mecánicamente una cantidad sin averiguar qué servicio cubre cada línea.

El artículo 29.4 distingue los costes ordinarios y las penalizaciones por resolución anticipada que puedan imponerse. No convierte cualquier penalización escrita en válida ni autoriza a disfrazar el coste de cambio con otra etiqueta. Se trata de revisar el contrato aplicable, su duración, la base de cada importe y las obligaciones que realmente se prestan. Si un proveedor facturase como «asistencia opcional» una operación obligatoria para permitir el cambio, la denominación comercial por sí sola no resolvería la cuestión. La pregunta que conviene enviar es concreta: qué tareas corresponden al cambio y cuáles se han encargado adicionalmente, quién las presta y dónde consta la aceptación del cliente.

Qué puede faltar aunque los datos se exporten

Pasar de un servicio a otro del mismo tipo no garantiza clonar todas las funciones. Puede haber componentes internos, propiedad intelectual o secretos comerciales que no formen parte del material exportable. El artículo 25 exige especificar las categorías de datos y activos que se exportarán y las categorías internas excluidas por riesgo para secretos comerciales, sin que estas excepciones impidan ni retrasen el proceso. El artículo 26 obliga a informar sobre métodos, formatos y limitaciones técnicas conocidas. Antes de firmar conviene preguntar si los identificadores sobreviven, cómo se relacionan los adjuntos con sus registros y qué ocurre con las reglas automáticas configuradas por el cliente.

El alcance también admite excepciones concretas. El artículo 31 limita determinadas obligaciones para ciertos servicios construidos a medida cuyo grueso de características se adapte a un cliente o cuyos componentes se desarrollen en su totalidad para uno, cuando no se ofrecen a gran escala mediante el catálogo comercial. También distingue versiones no destinadas a producción para pruebas o evaluación durante un periodo limitado. No basta con que un proveedor se describa genéricamente como «personalizado» para conocer qué apartado se le aplica. Cuando se invoca una excepción, hay que identificar qué servicio, qué característica y qué disposición se utilizan. La autoridad alemana de redes resume el alcance y los casos especiales.

Vale la pena leer con cuidado qué queda excluido. Para el supuesto a medida del artículo 31.1 se enumeran obligaciones determinadas, entre ellas la del artículo 29; no desaparece todo el capítulo. Para las versiones no productivas de ensayo o evaluación por tiempo limitado, el apartado 2 sí excluye el capítulo correspondiente. El apartado 3 exige informar antes de contratar de las obligaciones que no se aplican. Una empresa que está pasando de un piloto a un servicio de producción necesita averiguar en qué momento cambia ese encuadre. Conservar la descripción del producto adquirido, el alcance de las personalizaciones y la aceptación del paso a producción puede resolver una discusión que no se aclara leyendo una factura de tráfico meses después.

El anexo VI de la recomendación ofrece un texto con el que plantear estas preguntas al contratar, no una razón para esperar a enero antes de documentarlas. Conviene pedir una descripción del origen y destino, qué asistencia prestará cada parte, cómo se notificarán las incidencias y cuándo se autoriza el cierre. Para decidir si los archivos servirán realmente en otra aplicación, la guía de Gaia sobre el coste práctico de dejar un software detalla cómo ensayar una exportación. Aquí la decisión adicional consiste en identificar el proceso y distinguir las líneas de la factura a las que se aplica cada artículo.

Fuentes y agradecimientos

Agradecemos a la Unión Europea la publicación del Reglamento 2023/2854 y a la Comisión las cláusulas modelo. La lectura se contrastó con las explicaciones de la ACM y la Bundesnetzagentur. El presupuesto y los gráficos son ejemplos editoriales de Gaia; no reproducen la factura de un cliente ni una tarifa real.